El artículo 10 de la LOPD, que regula el deber de secreto en el tratamiento de los datos de carácter personal, es otro de los pilares básicos de la protección de datos. Como ya habíamos apuntado, la protección implica seguridad. Pues bien, en la gran mayoría de los casos, la seguridad implica además secreto.

Durante el tratamiento de ficheros y datos, el deber de secreto tiene que ser una constante cuyo cumplimiento es más una obligación de “quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento”, es decir, del personal que trabaja día a día con esos datos, que de los propios responsables o titulares del fichero.

▪ Art. 10: El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal esten obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

–       Procedimiento Nº PS/00374/2008. Los hechos enjuiciados en este procedimiento se desarrollan en el ámbito laboral/sindical, extremadamente propicio a la vulneración del derecho a la protección de datos debido principalmente a las reticencias e intereses contrapuestos que hay en juego (en muchas ocasiones se publican datos sensibles, bien por sindicatos, bien por parte del empresario, como represalia a conductas contrarias a los intereses de cada uno).

El deber de secreto profesional que incumbe a los responsables de los ficheros y a todos aquellos que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal, recogido en el artículo 10 de la LOPD, comporta su obligación de no revelar ni dar a conocer su contenido, así como “deber de guardarlos”. Continúa dicho artículo añadiendo:“obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”. Este deber es una exigencia elemental y anterior al propio reconocimiento del derecho fundamental a la libertad informática, a que se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, y por lo que ahora interesa, comporta que los datos tratados no pueden ser conocidos por ninguna persona o entidad ajena fuera de los casos autorizados por la Ley, pues en eso consiste, precisamente, el secreto.

Este deber de sigilo resulta esencial en la sociedad contemporánea, cada vez más compleja, en las que los avances de la técnica sitúan a la persona en zonas de riesgo para la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la protección de los datos personales, que recoge el artículo 18.4 de la Constitución Española. En efecto, este precepto contiene un “instituto de garantía de los derechos de los ciudadanos que, además, es en sí mismo un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos” (Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000). Este derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino que impida que se produzcan situaciones atentatorias de la dignidad de la persona.

–       Procedimiento Nº PS/00336/2008. Otro supuesto muy común de vulneración del deber de secreto se produce en las comunicaciones de deudas. En estos casos los acreedores no tienen inconveniente en hacer sabedores de esas deudas, con nombres y apellidos, a personas ajenas a la relación contractual.

Se imputa en el presente expediente a la entidad Urbanística Colaboradora de conservación de la Urbanización “San Miguel”, de Náquera, y subsidiariamente, a la Comunidad de Propietarios Urbanización “San Miguel “de Náquera, el hecho de haber vulnerado el artículo 10 de la LOPD, al publicar en espacio de acceso público no solo con posibilidad de acceso de los propietarios sino de terceros, una relación con 33 deudores…

El deber de secreto tiene como finalidad evitar que, por parte de quienes están en contacto con los datos personales almacenados en ficheros, se realicen filtraciones de los datos no consentidas por los titulares de los mismos. Así el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en su Sentencia nº 361, de 19/07/2001: “El deber de guardar secreto del artículo 10 queda definido por el carácter personal del dato integrado en el fichero, de cuyo secreto sólo tiene facultad de disposición el sujeto afectado, pues no en vano el derecho a la intimidad es un derecho individual y no colectivo. Por ello es igualmente ilícita la comunicación a cualquier tercero, con independencia de la relación que mantenga con él la persona a que se refiera la información (…)”.

Estas dos resoluciones nos dan las notas básicas sobre las que hay que interpretar el artículo 10 LOPD. Por un lado se trata de un deber, un deber que como hemos dicho incumbe tanto al responsable del fichero como a cualquier persona que intervenga en el proceso de tratamiento. Este deber se configura como una obligación de no hacer, de no revelar el contenido del dato de carácter personal. Por otro lado, estamos ante un derecho del propio interesado o afectado, que dimana del artículo 18 de la CE, derecho que persigue garantizar a la persona un poder de disposición y control sobre sus datos, sobre su uso y destino que impida cualquier atentado contra la dignidad de la persona (su honor, intimidad y propia imagen).